La senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexell, fue denunciada por cohecho, luego de que se conociera que en medio de la negociación con el gobierno por la Ley Bases, podría ser designada como embajadora ante la Unesco en París. Sin embargo, la sorpresa tuvo que ver con que una nueva denuncia sensible para el gobierno recayó sobre el juzgado de Ariel Lijo, el juez propuesto por Javier Milei para sumarse a la Corte Suprema de Justicia.
En abril, la misma senadora había votado en contra del DNU 70/2023, lo que generó fuertes críticas del gobierno para con la senadora. En una entrevista que le hicieron consultándole por este tema, donde ella confirmó que «hubo una oferta» para ir al organismo de la ONU y una «aceptación» de su parte, pero que no tenía nada que ver con la negociación de la Ley Bases que, por cierto, confirmó que apoyaría.
De confirmarse la designación de Crexell, por ese puesto cobraría alrededor de 12 mil dólares mensuales. «Si pensaban que me iban a amedrentar mi voto con esto lo único que lograron es fidelizarlo«, advirtió la funcionaria del Congreso.
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La denuncia contra Crexell por cohecho
La presentación judicial fue realizada por el abogado Federico Paruolo. En el escrito, el denunciante solicitó que se investigue a la senadora y a «cualquier persona que haya participado del hecho que se denuncia (…) conforme lo establecido en el artículo 256 del Código Penal y en virtud de lo establecido por los artículos IV y VI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción».
El artículo 256 del Código Penal establece que «será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones».
La denuncia incluye un pedido de medica cautelar para que Crexell no pueda votar en la sesión que se inició en el Senado poco antes de las diez de hoy.
Otra vez Lijo
La denuncia recayó en el juzgado de Ariel Lijo, juez que viene generando revuelo a partir de la propuesta del gobierno de Milei para que el magistrado integre la Corte Suprema de Justicia y que desde distintos sectores salieran a remarcar polémicas y contradicciones sobre Lijo.
Curiosamente, el sorteo de la causa volvió a caer en manos de Lijo. La semana pasada había pasado algo parecido: la denuncia del Gobierno por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios para el Ministerio de Capital Humano a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) recayó en el juzgado del candidato a la Corte Suprema también.
