Dos entidades jurídicas objetan la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que el pago de coimas y sobornos debe ser investigado como “aportes a las campañas electorales”
LA NACION
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), integrados por penalistas de acreditada trayectoria en la región, cuestionaron con severos argumentos el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “Cuadernos”, que favoreció al empresario Ángelo Calcaterra, acusado de pagar coimas y sobornos. Objetaron la determinación de que los pagos efectuados a funcionarios públicos deben ser investigados por la Justicia Electoral, como aportes a las campañas electorales, y pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“La Corte Suprema de Justicia tiene ahora la responsabilidad de revertir este fallo, ya que afecta compromisos internacionales del Estado en materia de lucha contra la corrupción”, expresaron las entidades en una declaración.
Recordaron en el pronunciamiento que la causa “Cuadernos” permitió “romper el sentido común generado a lo largo de los años, que colocaba a los grandes empresarios de nuestro país como supuestas víctimas de extorsiones por parte de funcionarios públicos”.
Añadieron que el caso visibilizó que “tanto el poder político como el poder económico son parte del fenómeno de la corrupción, que la criminalidad empresarial contribuye al vaciamiento del Estado y que funcionarios y empresarios se unen a los fines de lograr negocios espurios a costa de los intereses de la sociedad. Pero, a medida que las investigaciones avanzaron y y luego de que funcionarios y empresarios desfilaran en Comodoro Py como indagados, detenidos o arrepentidos, hoy prácticamente no existe avance en materia de juzgamiento y sanción”.
Advirtieron, así, que la Cámara de Casación, con “argumentos jurídicamente insostenibles favoreció al empresario de la construcción y contratista del Estado en diversas obras públicas Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y acusado de sobornar a funcionarios públicos del gobierno de Cristina Kirchner”. Y cuestionaron la decisión de que esos pagos debían ser interpretados “como “aportes no declarados para las campañas electorales del partido gobernante y no como sobornos o coimas”.
“De este modo, las falencias del sistema de financiamiento de la política se convierten, increíblemente, en una excusa para justificar a los empresarios que pagan coimas”, opinaron las entidades.
Creado en 1989, por impulso del doctor David Baigún, el Inecip tiene la misión de contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe. Trabaja intensamente en el campo de los procesos de transformación de los sistemas judiciales y penales ligados a la transición democrática, promoviendo la defensa de los derechos fundamentales de las personas. El Cipce fue fundado en 2003 y ambas entidades son presididas por el doctor Alberto Binder.
Antecedentes del caso
“No es un hecho aislado en el devenir de la misma causa. En 2021 el juez Julián Ercolini falló en esta misma dirección al sobreseer a Paolo Rocca y otros directivos de Techint, argumentando que habían coimeado a funcionarios bajo “un estado de necesidad”, expresaron, al referirse al fallo de la causa “Cuadernos”.
Agregaron que, con estos fallos, “el Poder Judicial, en particular los tribunales de Comodoro Py, garantiza una vez más que el poder económico y el poder político sigan gozando del pacto transversal de impunidad que la causa Cuadernos, conocida como el Odebrecht argentino, había puesto bajo la lupa”.
En tanto, dijeron que la decisión judicial está rodeada de “circunstancias que reflejan las deficiencias del sistema de justicia en su conjunto para perseguir y sancionar la corrupción y la criminalidad económica”.
En la declaración se recordó que uno de los jueces que firmó el fallo es el doctor Carlos Mahiques, que participó en la reunión de jueces y empresarios en Lago Escondido que “el Consejo de la Magistratura nunca investigó”. Y mencionan que su hijo Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, es mencionado como candidato a la Procuración General de la Nación, “encargado de la política de persecución penal de estos fenómenos criminales”.
“Hace menos de un mes –señalaron las entidades-, la Cámara de Casación Federal dictó un fallo plenario en el que se autoasignó la facultad de intervenir en la revisión de recursos que el Código Procesal Penal acusatorio no le habilitaba.
Y recordaron que “el gobierno nacional, con un preocupante silencio por parte de todos los partidos (aliados y opositores) con representación en el Senado se apresta a designar en esa Corte al juez federal Ariel Lijo, acusado de favorecer la impunidad de políticos y empresarios”.
Concluyeron, así, que a seis años de su inicio, este caso sigue sin llegar a juicio. “Decisiones trascendentales –afirmaron- se siguen tomando en el marco de un expediente escrito, sin ningún tipo de transparencia o publicidad, gracias a otro acuerdo transversal de la dirigencia política: mantener el sistema inquisitivo, sin audiencias orales ni juicios por jurados, en Comodoro Py”.
“Mientras el Estado es desguazado en nombre de la lucha contra la corrupción, esa misma corrupción parece beneficiarse, una vez más, de la impunidad estructural que nuestra democracia sigue sin poder transformar”, advirtieron ambas entidades jurídicas.LA NACION
