Cuatro leyes presentadas por el gobierno de Rolando Figueroa fueron aprobadas por la Legislatura en su sesión del miércoles: El plan de reactivación de obra pública; la reincorporación voluntaria de policías retirados; el programa de entrenamiento, certificación y capacitación laboral, y la adhesión a la ley nacional 26906 que implementa un sistema de trazabilidad de los medicamentos.
Lo que más debate provocó fue la iniciativa para reactivar la obra pública, un capítulo clave en función del ajuste nacional que cortó todos los fondos al respecto. Se trató sobre tablas, es decir, sin un despacho de comisión, y durante la discusión, que fue ardua, se modificó el texto original y se incorporó un artículo que declara la emergencia en la obra pública provincial como consecuencia de la ruptura de la ecuación económica, cambio propuesto por el MPN y que abarca a todos los contratos en curso de ejecución.
El diputado oficialista Ernesto Novoa especificó que implica una autorización para renegociar contratos por la falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional, que derivaron en la paralización de 400 obras. Mencionó la obviedad de que se necesita dar continuidad y resolver cuestiones de infraestructura de escuelas, hospitales, dependencias policiales y rutas.
“Hay obras que no pueden esperar más”, enfatizó Novoa.
La autorización legislativa autoriza al Ejecutivo a negociar nuevamente con las empresas contratistas y modificar contratos que requieran actualizaciones relacionadas al proceso inflacionario o por la paralización de las mismas. “Es darle seguridad jurídica a los actos de gobierno”, resaltó el diputado informante.
Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) señaló que el Poder Ejecutivo necesita contar con un instrumento legal para renegociar esos contratos. Aclaró que la redefinición de las obras es una potestad que le corresponde al Ejecutivo provincial y sostuvo que la urgencia en el tratamiento de la normativa se debe a que extender los plazos de su aprobación pueden derivar en un incremento de los costos que se debe negociar en cada caso.
La incorporación de la declaración de emergencia la planteó el diputado Claudio Domínguez (MPN) al observar que el texto original del proyecto carecía del motivo para justificar la reactivación de la obra pública. “Autorizamos al Ejecutivo a renegociar, pero sin la declaración de emergencia, le decimos que aplique la ley 687 tanto para alcanzar un acuerdo como para rescindir un contrato”, fundamentó el legislador al observar su declaración otorga seguridad jurídica a las partes.
También criticó la decisión del gobierno nacional de retirar el financiamiento de las obras acordado con la anterior gestión. Enfatizó que desde diciembre hay «una gran cantidad de obreros esperando» la reactivación de la actividad; y que posponer su puesta en marcha puede significar un aumento en dólares en cada contrato.
Desde Unión por la Patria, el diputado Darío Martínez calificó de “escandaloso” votar una ley sobre tablas sin tener información del tipo de obras, los montos y las prioridades. Objetó que en una declaración de emergencia se deben explicitar los motivos que la justifiquen e indicó que no efectuar algún reclamo ante el gobierno nacional para solicitar la continuidad del financiamiento de los contratos, puede derivar en una disputa judicial que a futuro puede comprometer a la provincia.
Lorena Parrilli, del mismo bloque, consideró que la Legislatura sigue “batiendo récords en relación a cheques en blanco” al advertir que nunca se votó una ley sobre tablas “cuando acaba de entrar” y pidió analizarlo “a la luz del endeudamiento que «quiere meter el gobernador de 500 millones de dólares”.
Fuente: MejorInfortmado
