La banda acusada de cometer la estafa con planes sociales en Neuquén tenía roles diferenciados: los reclutadores buscaban personas que cumplieran los requisitos para recibir un subsidio, y los extractores iban a los cajeros automáticos con las tarjetas de débito de esos beneficiarios a retirar el dinero. En cada cuenta se depositaban 49.000 pesos, el subsidiado recibía en mano 8.000 o 9.000. ¿Qué pasaba con el resto de los billetes?
¿Hasta qué niveles del gobierno de la provincia de Neuquén están comprometidos en la estafa con planes sociales? ¿Sabían lo que pasaba, y si es así, desde cuándo? Parte de esta información empieza a salir a la luz, mientras la fiscalía de Delitos Económicos prepara una segunda tanda de acusaciones (¿y detenciones?) contra funcionarios presuntamente involucrados, que podría concretarse en septiembre.
A través de la declaración de cuatro arrepentidos, tres mujeres y un varón, que están imputados como «extractores», los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez pudieron reconstruir ese segundo tramo de la acción.
Según quedó registrado en las cámaras de vigilancia de los cajeros, los imputados eran llevados en vehículos a las distintas sucursales y realizaban «extracciones ráfagas»: con varias tarjetas en su poder, y los respectivos PIN, vaciaban cada cuenta en minutos.
El universo de damnificados tiene un piso de 200, y un techo que no fue calculado con precisión.
Después de los retiros, todos confluían en la dirección de Planes Sociales. Según la acusación, supervisados por Néstor Pablo Sánz -que a veces también era extractor- tenían que dejar los billetes en una caja azul.
Esa caja era llevada al despacho de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales, sindicado como jefe de la asociación ilícita.
La advertencia del BPN al gobierno de Neuquén
De acuerdo con un documento , el 23 de diciembre del 2020, la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Provincia de Neuquén les envió una nota oficial al ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, y a la entonces Ministra de Desarrollo Social, Adriana Figueroa.
«Se han detectado varias inconsistencias en el cobro de cheques librados por el ministerio a su cargo (se refiere a Figueroa) vinculadas a operaciones realizadas a empleados o contratados de dicho organismo y personas beneficiarias de planes sociales que generan ciertas inusualidades (…) Es nuestra intención solicitarle encuadrar la operatoria vigente según el marco regulatorio actual».
Continúa: «las operaciones bajo análisis y de las que sería necesario su encuadre dentro de las normas vigentes son aquellas relacionadas con las acreditaciones de cheques del Ministerio en cuentas particulares (generalmente) de haberes de empleados o personal contratado de dicho organismo, que por restricciones dispuestas por medidas de Covid-19 emitidas por el BCRA, no podían cobrarse por caja».
«También cabe agregar a aquellas operaciones de cobro de cheques librados por el Ministerio a su cargo en favor de beneficiarios de planes sociales, que han sido endosados y cobrados en ventanilla en período pre-Covid-19 por empleados o contratados del organismo».
Desfile de «referentes»
Las arrepentidas declararon que después «empezaban a desfilar referentes. Entraban y salían con sobres. A veces, el propio Soiza se llevaba la caja».
Vignaroli y Narváez dijeron que el señalamiento fue sin ambigüedades: «se refirieron a referentes, punteros políticos, gente del Movimiento Popular Neuquino. (Las arrepentidas) no veían qué había en los sobres, pero se infiere que era el dinero que habían extraído y luego depositado en la caja azul».
Las y los «referentes» eran casi siempre los mismos. Algunas están identificadas. Los fiscales dijeron que las arrepentidas fueron consultadas por nombres puntuales de dirigentes políticos de alta exposición pública del oficialismo, y que no los vieron en Planes Sociales.
Dinero para actividades políticas
Vignaroli y Narváez señalaron que no tienen dudas de que el dinero fue utilizado para financiar actividades políticas, pero dijeron que aún no tienen manera de demostrarlo. «Es plata en negro, obviamente no hay recibos».
El caso de Marcos Osuna es singular. En su cuenta bancaria encontraron saldos importantes (entre 20 y 30 millones de pesos), y muchas transferencias de una casa de juegos de azar. «Estamos revisando movimiento por movimiento. La simulación de que se ganó en el casino es una antigua manera de blanquear dinero», señaló Vignaroli.
Otros miembros de la organización han realizado inversiones particulares, pero son de escasa relevancia si se compara con el monto total estimado que pudo sustraerse de las arcas del Estado desde que comenzó la maniobra.
El dinero grande, aún no apareció.
Fuente: Diario RN
