Oficializan cómo será la vuelta al trabajo presencial para los estatales nacionales y qué pasa con los no vacunados

En medio del debate por la vuelta a la presencialidad y la vacunación obligatoria en empresas privadas, el Gobierno dio un paso más en su plan para el retorno a las dependencias públicas de todo los trabajadores estatales.

La medida se oficializó este martes con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 91 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que dirige Ana Castellani. Establece las pautas para “la presencialidad programada”, en la que convivirán jornadas de trabajo en oficinas y otras de manera remota.

El retorno a sus puestos laborales de los empleados públicos se definió ante el avance de la campaña de inoculación voluntaria contra el coronavirus y refuerza que “serán convocables quienes hayan recibido una dosis de cualquiera de las vacunas que se aplican en todo el país, desde 14 días después de recibirla independientemente de la edad y la condición de riesgo”.

Quedan exceptuados de la presencialidad programada aquellos empleados con inmunodeficiencias (pacientes oncológicos, con HIV o trasplantados) y las personas gestantes.

Además de dar pautas sobre los protocolos que deberán ajustar los distintos organismos estatales para poder aplicar el plan mixto de trabajo desde el 1°de septiembre, la resolución firmada por Castellani fija qué pasará con los que no se vacunaron.

El artículo 9 de la norma resalta que cada organismo o jurisdicción exigirá el certificado de vacunación a sus empleados, que puede consultarse en la app Mi Argentina.

Para el caso de quienes hayan optado por no hacerlo “deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad (o su equivalente en cada organismo), a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión”

“Si el trabajador continúa con la decisión de no vacunarse deberá firmar una Declaración Jurada en la que se expresen los motivos de su decisión y, además, en caso de ser necesaria su prestación presencial de labores, el agente público deberá comprometerse a “tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece”.

La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, estableció los lineamientos para la vuelta de los estatales a la presencialidad. (Foto: Secretaría de Gestión y Empleo Público JGM)Por: Operador

Cómo será la presencialidad programada en el Estado

El plan de regreso establece durante agosto la “adecuación del protocolo general a las especificidades de cada lugar de trabajo” a fin de comenzar con el retorno a los lugares de trabajo desde el 1° de septiembre próximo, según los siguientes criterios:

  • Habrá organización por burbujas según cada dependencia u organismo. Tendrán que respetar los cuidados: ventilación, distancia, sanitización de los espacios y que no haya aglomeraciones en los lugares de uso común”.
  • La nueva modalidad deberá ser ser notificada fehacientemente por su superior jerárquico a cada agente por lo menos 72 horas hábiles antes de su efectivo cumplimiento.
  • Los organismos o jurisdicciones podrán aplicar un esquema mixto para el desarrollo de las tareas.
  • La combinación de trabajo remoto y presencial se justificará mediante el “Protocolo Covid-19” o el que surja en cada dependencia. Las tareas a distancia no podrán ser superiores al 50% de la jornada habitual dispuesta o hasta 20 horas semanales.
  • Se deberá tener consideración de los padres, madres y/o tutores con niños de hasta 13 años que “asistan alternadamente a los establecimientos educativos” al momento de fijar la modalidad mixta.
  • Aquellos que presten servicios de manera remota no podrán cambiar el domicilio real denunciado en sus legajos únicos personales a una distancia que supere los 100 kilómetros del mismo.
  • En los casos en que las o los trabajadores efectúen modificaciones a su domicilio real sin superar la distancia establecida precedentemente deberán notificar dicho extremo a su organismo empleador. Los empleados deberán presentar una declaración jurada sobre el domicilio desde el que desarrollará su trabajo remoto.
  • Los agentes que habiendo sido convocados fehacientemente no cumplieran con la presencialidad requerida, serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicables.
La Anses, uno de los organismos públicos que con protocolos ya había reabierto la atención presencial en medio de la pandemia. (Foto: Telam)

Pasos previos y asuntos pendientes

A fines de junio, el Gobierno publicó la resolución 62/2021, donde estableció que los titulares de cada jurisdicción, organismo o entidad estatal podrían convocar al retorno a la actividad presencial a los trabajadores que recibieron la primera dosis “independientemente de la edad y la condición de riesgo”, transcurridos 14 días de la inoculación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, siguió los pasos y decidió que los empleados estatales bonaerenses que hubieran recibido al menos una dosis están en condiciones de ser convocados a realizar tareas presenciales pasadas tres semanas desde el momento de la vacunación.

En el mismo sentido, la Biblioteca del Congreso reabrió sus puertas al público a partir del lunes 9 de agosto, “en línea con el regreso a la presencialidad de las actividades educativas y culturales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Mientras tanto, en el sector privado se abrió un debate fuerte ante el avance de la variante Delta y un potencial nuevo pico de casos. En las empresas, cualquier empleado que tenga al menos una dosis también puede ser convocado a trabajar de manera presencial. El problema es que no todos los trabajadores quieren vacunarse y resta definir si esa decisión personal los habilitará a seguir en un esquema de trabajo remoto. La situación es especialmente problemática en el caso de la industria o los espacios donde se necesita del empleo presencial.

La biblioteca del Congreso reabrió e sus puertas al público hace una semana. (Foto: Télam).

Incluso, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, consideró que no debe pagarse el sueldo a los que empleados que no quieran vacunarse y no vuelvan al trabajo presencial. La propuesta fue rechazada de plano por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien enfatizó: “No debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde las empresas”.

Como informó TN.com.ar te medio, las empresas reclaman que el Gobierno les otorgue un marco legal para poder exigir a sus empleados que se inoculen y retornen a sus puestos presenciales. Pero esto solo sería posible si el Estado las incorpora al calendario obligatorio y para eso debe poder garantizar las dosis, algo que no es sencillo en un contexto de escasez.