LA SENADORA CREXELL PRESENTÓ 3 PROYECTOS PARA EL CUIDADO DEL AMBIENTE

Con tres proyectos que abordan de manera integral temas ambientales, como la gestión de pasivos ambientales, los daños acústicos y sanciones penales por delitos contra el ambiente, la Senadora Nacional por Neuquén Lucila Crexell, pretende abrir el debate sobre aspectos muy sensibles en medio de la crisis de cambio climático, porque considera que “hay una legislación dispersa, no muy clara y que en algunos casos se trata solo de normativas provinciales, y es necesario avanzar en un ordenamiento para todo el país en un tema que nos involucra a todos”.
Uno de los proyectos apunta a “establecer los presupuestos mínimos de identificación y gestión de los pasivos ambientales y la obligación de la recomposición de los sitios contaminados”, esto a partir de un “registro, control y recomposición de los pasivos ambientales y sitios contaminados identificados como prioritarios para su recomposición”.
En cuanto a la contaminación acústica, sobre la que existe un notorio vacío legal, Crexell anuncia en los considerandos sus intenciones de “prevenir, vigilar y minimizar la contaminación acústica de acuerdo a metas de calidad acústica”, con el fin de “mejorar el comportamiento ambiental de todos aquellos que llevan a cabo actividades generadoras de ruidos y vibraciones”.
A tal propósito propone una serie de zonificaciones, que van desde los 55 decibeles para lugares residenciales, hasta máximos de 80 decibeles para el transporte ferroviario o áreas comerciales.
Crexell basó varias de sus propuestas en definiciones y consensos que han surgido de las Naciones Unidas, como la Proclama de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo 1972. Allí se establece que “las personas son a la vez obra y artífice del medio que las rodea, el cual les da el sustento material y les brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente”.
La Senadora neuquina asegura que “la calidad acústica suele relegarse por otras problemáticas ocasionadas por el tratamiento de los residuos, la polución del aire, la contaminación lumínica, de los suelos y del agua”.
Sin dudas el proyecto más ambicioso es el que pretende tipificar la responsabilidad penal de las empresas contaminantes o funcionarios públicos ante un caso de daño ambiental.
“Será reprimido con pena de prisión de un (1) mes a cinco (5) años el que por cualquier medio causare un daño grave al ambiente, infringiendo las leyes y/o reglamentos nacionales o provinciales y/o excediéndose en la autorización legal conferida”, dice en uno de sus párrafos medulares la iniciativa que ya fue ingresada al Senado de la Nación.
Según el proyecto de la Senadora, existe daño grave al ambiente “cuando se provoque una alteración relevante que modifique de forma negativa el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, las aguas subterráneas, las aguas marítimas, el aire, la flora o la fauna”.
Con ese punto de partida, la Senadora propone modificar el Código Penal para incorporar los “Delitos Contra el Ambiente”, y propone penas que van, con agravantes, de los dos (2) a los doce (12) años de prisión. De dos (2) a seis (6) años de prisión deberán cumplir quienes causan un daño ambiental “mediante la utilización de residuos legalmente calificados como radiactivos, peligrosos o sustancias tóxicas prohibidas”.
También está prevista la tipificación con penas prisión e inhabilitación especial “al funcionario público que, violando los deberes a su cargo, concediera una autorización para una obra, proyecto o actividad, en contravención a las leyes y/o reglamentos en materia de protección ambiental”.