Los tres principales imputados por la estafa con planes sociales del ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Néstor Pablo Sanz, actuaron «en bloque» para amedrentar a otros involucrados en la causa, impedirles la elección de su defensa o incluso para «ocultar y limpiar» elementos de prueba, según planteó ayer la fiscalía como argumento para pedir su prisión preventiva.

En una audiencia que se realizó al mediodía, el juez de Garantías Cristian Piana resolvió que el exdirector de Planes Sociales, el exjefe del departamento de Gestión de Programas y el exdirector de Fiscalización del ministerio que conducía Abel Di Luca queden detenidos, aunque por un plazo más corto que el solicitado por el fiscal Juan Manuel Narváez Barraza: cuatro meses en lugar de ocho.

En la Ciudad Judicial se terminaron de ventilar ayer los testimonios de «arrepentidos» que ya habían anticipado los fiscales en la conferencia de prensa que hicieron la semana pasada, cuando se reactivó sorpresivamente la investigación con nuevos allanamientos. Los cuatro imputados que pidieron declarar fueron Lucía Soto, en junio, y Analía Scherer, Paola Zeballos y Cristian Javier Vergara, el 4 de julio pasado.

El fiscal hizo una detallada exposición sobre lo planteado por los «arrepentidos», quienes aseguraron tener miedo por su seguridad y justificaron haber participado de las maniobras por temor a perder sus trabajos, ya que eran contratados. «No te daban lugar a negarte» y «no era fácil ir en contra de alguien con tanta trayectoria en la provincia como Soiza», fue lo que dijo Vergara, uno de los identificados como «extractor» en la estafa y empleado del ministerio.

Los cuatro testimonios también coincidieron con que, en la noche previa a los allanamientos que se realizaron en agosto del 2022, Osuna los había visitado en sus viviendas pidiéndoles celulares y computadoras. También que a uno de ellos le había pedido que enviara un mensaje con el texto «ok» cada media hora para saber cuando llegara el procedimiento.

Los «arrepentidos» plantearon que los convocaban a reuniones de noche en la Plaza De Boca o en la casa de Alfredo Cury, quien hasta la semana pasada ejercía su defensa, en las que se les pedía que no busquen otro abogado, que no hablaran y que se quedaran tranquilos porque todo «iba a pasar en dos o tres meses».

Solo una de las declarantes, Scherer, dijo haber visto una vez, en la mochila que Sanz tenía en la oficina, una «pistola negra». La misma imputada, también señalada como «extractora», afirmó que «no era un ambiente bueno de trabajo» y que había gritos y amenazas.

Estafa con planes sociales: Una oficina con mástiles en el Faraón

En la audiencia de control de detención que se realizó ayer, la fiscalía detalló que, en el allanamiento realizado en Faraón, el restaurante propiedad de Ricardo Soiza, encontraron que «en el primer piso funcionaba una oficina» como si fuera una dependencia administrativa. Indicaron que se encontraron artículos de librería, dos mástiles sin bandera e incluso una computadora «con registro de la Provincia, es decir, que forma parte del Poder Ejecutivo».

Ese hallazgo también sirvió al fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez Barraza, para argumentar su planteo al juez sobre la manipulación que habrían hecho los imputados de posibles elementos de prueba.

Ayer, Soiza pidió la palabra para hablar antes de que se pasara a un cuarto intermedio para que el magistrado, Cristian Piana, dictara su resolución.

El imputado y exdirector de Planes Sociales afirmó sobre los 700.000 pesos secuestrados en los allanamientos: «eran para el pago de sueldos y aguinaldos de mi personal, que tampoco me alcanzaba».

Dictan prisión preventiva para tres acusados por estafas con planes sociales

Tres de los acusados por integrar una asociación ilícita que, a través de la administración de planes sociales de la provincia, tenía como objetivo quedarse fondos públicos, quedaron detenidos en prisión preventiva por un plazo de 4 meses.

El fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, pidió la prisión preventiva por ocho meses para los tres imputados más importantes de la causa: Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Néstor Pablo Sanz (exdirector de fiscalización), y Marcos Osuna (responsable de departamento de gestión de programas sociales). El juez Cristian Piana dio lugar a la medida, pero solo por cuatro meses.

En primer término, el fiscal recordó que el 29 de noviembre del 2022 los tres exfuncionarios y unas 16 personas que también trabajaban en la Dirección de Planes Sociales fueron acusados de formar parte de una asociación ilícita en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena y fraude a la administración pública en calidad de coautores. En ese marco, señaló a Soiza como jefe de la mencionada asociación ilícita, al tiempo que destacó su trabajo «en bloque» con Sanz y Osuna, quienes se manejaban como «su mano derecha».

Fuente: Diario RN