Desde la Federación de Entidades Empresarias rechazaron la implementación de la Tasa Vial que comenzará a aplicarse desde este martes, “cuando la cuestión de fondo aún no está resuelta», manifestaron. Cabe destacar que la semana pasada el TSJ dio lugar a tratar la acción de inconstitucionalidad y solo rechazó la cautelar presentada por la Asociación Hotelera y Gastronómica, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martin de los Andes, la Asociación de Agentes de Viaje y Turismo, la Cámara Inmobiliaria y la Asociación de Guías y Profesionales de la Pesca de la provincia del Neuquén.
Las Entidades Empresarias rechazaron los tributos a los combustibles en los municipios de la provincia de Neuquén. “Manifestamos nuestra preocupación por el impacto en la economía y en la población, además del impacto en los propios presupuestos de las reparticiones oficiales que también se verán afectadas”, sostuvieron en un comunicado.
Anticiparon que de entrar en vigor la tasa, “de pleno corte recaudatorio, provocará un incremento en el precio de los combustibles, situación que ya se está viviendo en la localidad de San Martín de los Andes, lo que va a generar malestar entre los ciudadanos que ya enfrentan una situación económica difícil, ya que dado el tipo de producto sobre el que se aplicaría, afecta a todos los sectores de la economía, como variable de conformación de precios al consumidor”.
Entre tanto, “la ciudadanía aguarda una reacción diferente por parte de los estamentos estatales, esperando una mirada hacia adentro que busque solucionar sus déficits mediante la eficientización de sus estructuras y no imponiendo más presión tributaria a la población en su conjunto y a la actividad productiva”, manifestaron.
El comunicado firmado por Cámaras de toda la provincia expresó que, “existen ya tasas e impuestos sobre los combustibles en otros órdenes, por lo que se encuentra en estudio la inviabilidad de su aplicación ante una probable declaración de inconstitucionalidad y, sobre todo, por la falta flagrante al principio de federalismo fiscal que, entre otras cosas, determina la obligación de las jurisdicciones a concertar una política fiscal que sea en beneficio del común y no superponga o multiplique tributos de similar naturaleza. Exigimos una honesta revisión de la estructura del Estado, el gasto público y la búsqueda de eficiencia en los procesos.
