El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto que dispone la disolución del congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales. La decisión del mandatario sucedió luego de que se defendiera ante el congreso en el juicio político en su contra.
La decisión se basó en un recurso emitido en 2008, durante el gobierno de Rafael Correa, y que no había sido utilizado. Se la conoce como “muerte cruzada”. De manera, que ahora se deben convocar elecciones presidenciales y legislativas.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica.
No obstante, las fuerzas armadas y la policía mantendrán su absoluto respeto a la Constitución, dijo el general Nelson Proaño, jefe del comando conjunto
En junio, el Parlamento intentó destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero le faltaron 12 votos para concretar la remoción.
Lasso está acusado por supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana, porque decidió continuar con un contrato firmado antes de asumir, pese a que había informes de que era perjudicial para el Estado.
Según la Constitución de Ecuador, el mandatario podrá invocar este recurso “cuando, a su juicio, (la Asamblea Nacional) se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”. Esta es la primera vez que un mandatario activa este recurso.
Decreto 741 firmado por Guillermo Lasso para disolver el congreso y disponer el adelanto de las elecciones.
Lasso también acusó a los legisladores de ser parte de un proyecto desestabilizador: “Resulta inaceptable que el gobierna cumpla con su agenda de 4 años en apenas 12 meses”, dijo el mandatario en referencia a que en menos de dos años de gestión a enfrentado al menos tres intentos de destitución y derrocamiento.
Además, indicó que la Asamblea Nacional ha acosado políticamente a sus ministros, pues la oposición en el legislativo ha realizado 14 enjuiciamientos políticos en contra de los secretarios de Estado. Según Lasso, desde el congreso se trató de obstruir su plan de trabajo propuesto para su periodo presidencial.
Con la decisión de disolver el congreso y convocar a elecciones anticipadas, Lasso deberá gobernar bajo decretos ley que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional. Esto hasta que se realicen los nuevos comicios. Lasso informó que firmó el primer decreto ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar “con el que bajamos los impuestos a las familias, a los negocios populares, a los taxistas y artesanos”, según indicó y anunció que lo enviará al alto tribunal constitucional para que emita su dictamen favorable.
Con la decisión de Lasso, los legisladores deberán abandonar sus curules. Si no lo hacen, incurrirían en desacato por lo que la Fiscalía y la Policía podrían detenerlos en flagrancia y obligarlos a dejar la sede del Legislativo.
Fernando Villavicencio que fungía como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional felicitó la decisión del presidente Lasso y dijo que “hoy es un día de fiesta nacional” y que el mandatario “finalmente escuchó la voz del pueblo”.
Desde la tarde del 16 de mayo, los miembros de las Fuerzas Armadas se encontraban concentrados en sus cuarteles a la espera de disposiciones. Esta mañana, el paso hacia la sede del Legislativo, en Quito, está bloqueado y hay un fuerte resguardo militar y policial en la zona.
El expresidente Rafael Correa aseguró que la decisión de Guillermo Lasso es ilegal. Para Correa, que ha sido acusado de “conspirador” por el actual mandatario, la disolución del congreso sucedió porque Lasso “no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”. Sin embargo, el 19 de abril de este año, el movimiento Revolución Ciudadana pidió que Lasso expida e la muerte cruzada por existir una “grave crisis política y conmoción interna”, la misma causal que ha ocupado Lasso en su decreto expedido este miércoles.
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas calificó a la situación de Ecuador como “un escenario de dictadura de Guillermo Lasso” y convocaron a sus bases a “a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional, se convocará en las próximas horas a un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas”.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, indicó que la decisión de Guillermo Lasso de disolver la Asamblea Nacional se fundamenta en la Constitución, por tanto “debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”. Recordó que las FF.AA. “son obedientes y no deliberantes”.
“El país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso las FF.AA. y la Policía Nacional actuaremos con firmeza para proteger la vida y los derechos de los ecuatorianos”, aseveró Proaño y llamó a la unidad.