Denuncian que exdirectivos docentes cesanteados seguían activos y cobrando sueldo

Decretos del Poder Ejecutivo neuquino son incumplidos dentro mismo del gobierno, en el sistema educativo de la provincia.

Así lo expresa una denuncia de “irregularidades graves” cometidas en el ámbito del Consejo Provincia de Educación, en torno de directivos de la Escuela de Música de Junín de los Andes. Concretamente señala que esos agentes, que habían sido cesanteados por cinco años, estaban “activos (al menos a la fecha de la denuncia), cumpliendo funciones en instituciones escolares de la provincia, percibiendo sus respectivos salarios”.

La denuncia ingresó días atrás al Ministerio Público Fiscal de la capital neuquina y remitida luego a la Fiscalía de Delitos Informáticos. Las irregularidades que originaron las cesantías tuvieron resonancia pública luego de que fueran denunciadas penalmente por un preceptor (cuya identidad se mantiene en reserva pues ha sido objeto de amenazas y tuvo que abandonar con su familia su lugar de residencia), validadas por instancias superiores y reveladas por RÍO NEGRO desde agosto de 2019.

Los directivos cesanteados fueron tres, denunciados tras detectarse un millonario fraude al Estado consistente en la carga de datos falsos y duplicados que abultaban la matrícula y permitían muchas horas cátedras y cargos en la Escuela de Música de Junín de los Andes. Se tramitó asimismo una denuncia penal. Las 244 horas objetadas fueron cerradas (aquellas cargadas irregularmente donde los docentes no tenían alumnos en las materias, pero las cobraban igual). El perjuicio -más de tres años atrás- se calculó en 5 millones de pesos anuales.


Contradicciones


En una resolución dictada el 25 de septiembre de 2020, el CPE determinó las cesantías de Raúl Rodríguez (exdirector y docente), Agustín González (exvicedirector) y Josefina González (exprosecretaria, que al poco tiempo accedió a la jubilación que le correspondía). El denunciante -en su reciente presentación- detectó que los dos primeros estaban dados de alta en el sistema nuevamente y que, pese a la sanción de cesantía, habían tomado cargos y horas cátedra por las que percibían nuevamente salario.

¿Cómo ha sido posible? Advierte que ambos presentaron recursos de apelación y que el propio Consejo de Educación mediante resoluciones “suspende los efectos de la decisión de cesantía y les permite continuar activos “hasta tanto se expida el Poder Ejecutivo provincial”. Sin embargo, dos decretos provinciales (1729/21 y 043/21, publicados en el Boletín oficial, ratifican la cesantía de ambos. Significa -según la denuncia- una contradicción entre las decisiones del CPE y las de su instancia superior, el Ejecutivo. Todo indica que el propio gobierno provincial desconocía tal situación.

El denunciante hace notar otra inconsistencia: “la Resolución 520/21 del CPE que hace lugar (en el caso Rodríguez) al pedido de suspensión de los efectos de la resolución de cesantía ‘hasta tanto el Poder Ejecutivo se expida al respecto al recurso administrativo presentado’, fue firmada el 8 de julio de 2021, pero el Sr. Rodríguez se encuentra dado de alta en el sistema el 22 de junio de 2021, 27 días antes de firmada”.

En el caso de Agustín González, el denunciante subraya que el 20 de septiembre de 2021 también hace lugar al pedido de suspensión de la cesantía. Pero advierte en base a documentación que “la cesantía que debió aplicarse el 25 de setiembre de 2020 se cumple desde el 21 de mayo de 2021 -siete meses después- y sólo por tres meses y medio”, cuando se le da el alta en el sistema nuevamente en diferentes materias. En este punto, advierte otra incongruencia: las horas que recibe debía cumplirlas en instituciones que quedan en Zapala y Chos Malal, es decir a 205 y 417 km de su lugar de residencia (Junín), respectivamente.


Responsabilidades


El denunciante acompañó su presentación judicial y administrativa con abundante prueba documental, que también hizo llegar a este diario. Pide que se investiguen las probables responsabilidades de la ex ministra de Educación y titular del CPE Cristina Storioni, la actual presidente del CPE Ruth Flutsch y cuatro miembros del Cuerpo Colegiado del CPE del período en que se tomaron las decisiones.

“No debe el CPE ni el máximo órgano que lo gobierna deslindarse de las responsabilidades de los hechos denunciados”, pues “fueron sus propios integrantes los que firmaron las normativas con la pena, siendo ellos mismos los que se alegan atribuciones de suspender sus propias decisiones”, beneficiando a “los responsables de las transgresiones”, sostiene la denuncia. Pone también de manifiesto el “temor, tanto por mi familia como por mí, por dejar expuestas las conductas aparentemente corruptas del CPE y de algunos de sus administrados, pero mi educación, principios y ética no me permiten hacer más que informarlas”.


Las irregularidades que motivaron las cesantías


El denunciante había detectado -ya desde 2018- matrículas incrementadas artificialmente con datos falsos o duplicados para lograr horas cátedra y contratar profesores, insólitas materias que no tienen alumnos o muy pocos, registros manipulados, contratación frecuente de docentes idóneos y amiguismo. Todo en la Escuela de Música de Junín de los Andes.

Entre los hechos acreditados por el CPE, en base a pruebas y testimonios de docentes y personal administrativo recabados durante el sumario, figuran:

• Carga irregular de estudiantes al sistema informático Siuned.

• Agentes que cesaron en sus funciones y se encontraban con clave y usuario para ingresar al Siuned, que deberían haberse dado de baja.

• Agentes que ingresaron al Siuned (período marzo/octubre de 2018) haciendo modificaciones en las cargas anteriormente realizadas.

• Horas vacantes y horas con profesores sin alumnos; docentes que dictan clases en una asignatura o espacio diferente para el que fueron designados.

Fuente: Diario RN

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